Un nuevo concepto del rol del Estado

De Estado Moderno, hacia un Estado protector….


El mensaje de la CASEN

Más allá de las polémicas que ha generado la última encuesta Casen, está ha puesto en evidencia dos realidades incostrarrestrables: el país en los últimos veinte años ha avanzado enormemente en la superación de la pobreza material y el Estado ha jugado un rol central como motor de ese crecimiento y como principal red de apoyo para las familias de bajos ingresos del país. El viejo debate entre Estado y Mercado, que para muchos significaba la minimización del Estado hasta su casi reducción, parece tener un traspié con una nueva realidad que desde los principios de este siglo nos envuelve soterradamente: cuanto Estado se necesita y cuanto crecimiento significa desarrollo y equidad.

Vamos por partes….

Una visión del Estado: Un nuevo rol.

Sin duda nuestra Constitución y nuestro actual Estado responden a un modelo profundamente traumatizado por lo que sucedió en Chile en las décadas del 70 y el 80. Todos sus acentos institucionales estás puestos en dos ejes: primero evitar la excesiva intervención del Estado en la economía y en la vida personal, de manera de fijar un amplio espacio de libertad –principalmente económica-a las personas, y después una amplia gama de declaraciones que buscan garantizar el respeto de los derechos de las personas frente al poder del Estado y sus instituciones. Dichos acentos entonces se mueven entre la libertad y los derechos frente a un Estado sospechoso de ser interventor o castigador.

El dilema actual es que las nuevas realidades sociales no responden necesariamente al antiguo patrón. Si bien es cierto que la primera necesidad del pacto social del siglo pasado era detener los posibles excesos que cometiera el Estado desarrollista, en la actualidad no sólo dichos derechos ya se encuentran garantidos –igualdad frente a la ley, derecho a la vida, debido proceso, libertad ambulatoria, libertada económica, derecho a escoger un sistema de educación o de salud- sino que la lógica en que se mueve el ejercicio de eso derechos está amenazada por corporaciones supranacionales o por el ejercicio de las mínimas libertades garantizadas por la Constitución.

No cuesta imaginar dicha realidad. Pongámonos en la vida cotidiana. En un día cualquiera nos enfrentamos a una serie de relaciones jurídico-económicas y políticas con otras personas. Antes de la revolución tecnológica y la globalización, estas relaciones se daban generalmente en un plano de igualdad. El intercambio de bienes era básico y el único que gozaba de poderes exorbitantes era el Estado –uso de la fuerza, manejo de la información personal, facultad de fijar condiciones unilateralmente, hasta entrado el siglo pasado eran claramente potestades exclusivas del Estado.. A simple vista la respuesta es obvia, esto dista mucho de la realidad actual. El riesgo de ver vulnerados nuestros derechos lo encontramos en otros lados: empresas fijando unilateralmente tasas de interés, nuestros datos personales circulando en internet, investigaciones y experimentos biológicos, explotación de recursos naturales, etcétera.

En las Sociedades contemporáneas la satisfacción efectiva de los intereses que justifican la existencia de los derechos fundamentales exige cada vez, ya no la abstención o la reducción de la actuación de los poderes públicos y el Estado, sino que su decidida intervención. La debida garantía de las libertades personales exige un compromiso activo de las autoridades públicas en su protección. Y esto, en pleno siglo XXI muchas veces implica la decidida intervención del Estado.

Los Estados modernos sólo se justifican en la medida que aseguran la subsistencia de la paz social, y eso implica la protección de las personas ante las eventuales amenazas que enfrentan sus derechos fundamentales ante la acción de los mismos particulares o extranjeros. El rol del Estado –en la visión clásica que nos urge retomar- es la seguridad del pueblo. El ejercicio de los derechos humanos entonces estriba en actuar decididamente en su protección. La sencilla omisión o actuación ante la amenaza o perturbación de los derechos personales es sólo un ámbito del problema. La realidad es mucho más dinámica y el verdadero conflicto surge cuando lo que enfrentan las personas son riesgos.

La instalación de una planta de gas en las cercanías de mi domicilio no es necesariamente una amenaza pero si implica un riesgo a mi salud o a mi calidad de vida, debo exigir al Estado su actuación. El deterioro de la calle que pasa frente a mi casa no es una perturbación de mi derecho a la libertada ambulatoria, pero si pone en riesgo mi derecho estoy facultado a exigir al Estado su actuación. La trazabilidad de los alimentos, la publicación de los riesgos de un determinado alimento o remedio, el manejo del medio ambiente, la contratación con una operador turístico internacional, necesitan del Estado como protector de los riesgos implícitos para los ciudadanos.

Según lo expuesto entonces, los derechos fundamentales imponen al Estado obligaciones positivas de actuación. Cada derecho tiene una doble dimensión, la abstención del Estado para su respecto, pero también la actuación del Estado para su protección y promoción frente a los demás particulares. Y en eso el debate de la reducción del Estado desaparece.
El desafío que nos coloca el presente en lograr dinamizar este impulso protector del Estado. Hoy la única forma de garantizar la libertad de las personas es con un Estado capaz de regular el ejercicio de esas libertades equilibrando las relaciones de poder en la sociedad. El crecimiento económico jamás se transformará en desarrollo humano, si los Poderes Públicos no son capaces de darle un contenido a dichas libertades. Y lo que se ha logrado en las políticas contra la pobreza y que requiere urgentemente las políticas de redistribución de los ingresos es la decidida actuación del Estado, que protegiendo las libertades ya conquistadas por los ciudadanos sea capaz de armonizar dichas libertades con su actuación positiva en pos de ampliar el ejercicio de sus derechos a todas las personas.


Sebastián Iglesias R.